Salvador García Llanos
La asociación Inter Press Service (IPS), dedicada al periodismo y comunicación para el cambio global, acaba de publicar un escalofriante informe de la Coalición Global para proteger la Educación de ataques (en inglés, GCPEA), que se resume en que más de nueve mil estudiantes, docentes y académicos sufrieron daños o murieron en unos cinco mil ataques contra la educación durante conflictos armados en los últimos dos años.
Su directora ejecutiva, Diya Nijhowne, una coalición adherida
a la organización Human Right Watch, ha declarado que “es fundamental que los
gobiernos y los grupos armados cesen los ataques la educación y dejen de usar
escuelas y universidades con fines militares”. Es la otra cara de la guerra, de
cualquier guerra en la que no se respete lo elemental, la vida, pero también
todo lo material que significa dañar dotaciones y recursos hasta ocasionar
pérdidas que quizás nunca se van reponer o reparar. Los ataques sobre los
centros educativos, en efecto, tienen un efecto especialmente devastador. La investigación
determinó que la cantidad de ataques a la educación y el uso militar de
escuelas aumentó en un tercio de 2019 a 2020, y se mantuvo en este nivel
elevado en 2021, aun cuando las escuelas y universidades de todo el mundo
estuvieron cerradas por largos períodos durante la pandemia por covid.
Aumentaron los ataques sobre profesores, estudiantes e instalaciones por los
conflictos en Burkina Faso, Colombia, Etiopía, Malí, Myanmar y Nigeria,
surgieron en Azerbaiyán y Mozambique, y disminuyeron en Siria, Sudán del Sur y
Yemen. Los ataques se han intensificado en lo que va de 2022, pues más de mil
escuelas y universidades resultaron dañadas en Ucrania desde el 24 de febrero,
cuando fuerzas rusas invadieron ese país, según el Ministerio de Educación y Ciencias
y organizaciones civiles ucranianas.
Las cifras espantan si nos ponemos a reflexionar sobre las
consecuencias, máxime si se tiene en cuenta que las embestidas involucran a
fuerzas armadas y grupos armados no estatales que atacan con explosivos o incendian
escuelas y universidades, y que matan, hieren, violan, secuestran, arrestan
arbitrariamente y reclutan a estudiantes y educadores en las instituciones
educativas o cerca de ellas en períodos de conflicto armado. Además de las
muertes y lesiones que causan estos ataques, las escuelas destruidas y ocupadas
frustran el aprendizaje, a veces de manera permanente, y tienen consecuencias
sociales y económicas a largo plazo.
El informe consigna los dramáticos casos registrados en
Afganistán, Palestina, República Democrática de Congo y Mali. El uso militar de
escuelas y universidades por fuerzas armadas y grupos armados no estatales se
incrementó en más del doble en 2020 y 2021, en comparación con el bienio
precedente –en Myanmar, más de doscientos casos-, empleándose las instalaciones
educativas como cuarteles, centros de detención o para operaciones militares.
Las armas explosivas, que se utilizaron en una quinta parte de todos los
ataques a la educación registrados en el estudio, tuvieron efectos especialmente
devastadores e hirieron o mataron a una enorme cantidad de estudiantes y
educadores, y dañaron miles de escuelas y universidades. Los ataques dirigidos
específicamente contra los estudiantes y educadores también fueron
generalizados. En Nigeria, por ejemplo, más de mil estudiantes o educadores
habrían sido secuestrados, heridos o asesinados, al menos un tercio de ellos
mujeres y niñas. Hubo casos también en Burkina Faso, Camerún, Colombia,
Palestina y Somalia. Grupos armados o fuerzas armadas atacaron asimismo
escuelas para reclutar a niños y niñas, en Colombia, la República Democrática
del Congo, Malí y Yemen, mientras que fuerzas armadas, de seguridad u otros
grupos serían responsables de hechos de violencia sexual en escuelas y
universidades, por lo menos en siete países.
Acabemos con cifras. Por ejemplo, profesores, estudiantes y
trabajadores de escuelas fueron directamente alcanzados en trescientos veinte
incidentes registrados, y al menos quinientos cincuenta resultaron muertos o
heridos y mil cuatrocientos cincuenta fueron detenidos o condenados tras los
ataques. Y luego, la pandemia, que no desaceleró los ataques a la educación en
tanto que algunas violaciones se hicieron más generalizadas en 2020 y 2021.
Reflexionemos. Es terrible. Sin escuelas ni colegios ni
universidades. ¿Pueden los países avanzar así? ¿Puede la Humanidad sobrevivir?
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