José Luis
Hernández Hernández, concejal de Unid@s se puede en el Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 97.3 del R.O.F., presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN para
su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente
Mientras la
crisis económica castiga duramente a la ciudadanía en general y de un modo
lacerante a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, se calcula que
en todo el planeta entre 19 y 29 billones de euros se ocultan en los paraísos
fiscales. La Unión Europea pierde un billón de euros cada año por lo que dejan
de tributar esos fondos dirigidos a paraísos fiscales, lo que representa más
que el gasto sanitario total de todos sus Estados juntos. El problema alcanza
la categoría de drama en los países pobres y menos desarrollados, donde la
pérdida de los ingresos fiscales excede el total anual mundial destinado a la
ayuda al desarrollo.
Esta
evasión fiscal generalizada sólo puede generarse y mantenerse porque las
instituciones gubernamentales no alcanzan a controlar la economía globaliza,
pero a pesar de ello, debido a la presión de los movimientos sociales y otras
organizaciones de la sociedad civil, esta forma de evasión hacia paraísos fiscales está ahora en la agenda de
la UE, de la OCDE, del G8, del G20 y otros foros de carácter global.
Por otra
parte, los continuos escándalos de corrupción que vinculan a una parte de la
política y la actividad económica-financiera, están contribuyendo a crear una
brecha social entre la población y la
elite político financiera que da sustento a esa situación y que sumado a las
consecuencias nefastas de las políticas neoliberales (recortes, pérdida de
derechos laborales y civiles, pauperización de los servicios públicos...),
ponen en entredicho no solo al sistema político y la calidad de la democracia,
sino que están contribuyendo a romper la cohesión social.
Todas las administraciones públicas, también los gobiernos locales a pesar de
escaso margen de actuación en fiscalidad, deben velar de modo muy especial por
el cumplimiento las buenas prácticas financieras y fiscales, preservando la
ética de los negocios, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la
lealtad en la competencia, ya que la evasión fiscal es una medida que permite a
las grandes corporaciones tener posiciones ventajosas frente a las pequeñas o
medianas empresas locales.
Por ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía, es también
una responsabilidad de las corporaciones locales predicar con el ejemplo y
romper con la creencia, por otra parte sustentada en evidencias, de que existe
connivencia a la hora de tomar medidas políticas que benefician a la élite
financiera y empresarial.
En los
últimos años, en el ámbito local, han florecido iniciativas pioneras de
exigencia de compromiso con la responsabilidad fiscal y en contra de los
paraísos fiscales. En el ámbito europeo destacan algunas regiones francesas y
muchas municipalidades de Suecia, Noruega y Finlandia.
En el
Estado español, después de las últimas elecciones locales y con la llegada de
gobiernos de cambio a muchos municipios, empiezan a aprobarse declaraciones
institucionales de “municipios libres de paraísos fiscales” e iniciativas que
van más allá exigiendo garantías éticas y una mayor transparencia y
responsabilidad fiscal en la gestión de sus licitaciones públicas a empresas y
personas.
A su vez hay un soporte legal garantista con la forma en que se
realizan los contratos, destacando la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
que reconoce desde su artículo 1 que el fundamento de toda la normativa
de contratación es el respeto de los
principios generales de la contratación pública.
En este sentido expresa literalmente: “a fin de garantizar que la contratación se ajusta a los principios de
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y
de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer,
la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa”, estableciendo una serie de limitaciones para todos los
contratos realizados por las entidades locales.
Por todos los anteriores considerandos, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de La
Laguna la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Declarar a
La Laguna como “municipio libre
de paraísos fiscales”, utilizando todos los medios
legales al alcance para impedir que el dinero público pueda ir a parar a
particulares, empresas, bancos o instituciones financieras que utilicen
paraísos fiscales para evadir impuestos.
SEGUNDO: Siguiendo
las directrices del Informe BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios -Base Erosion and Profit Shifting-) de la OCDE (2013a) , que se aplica ya en el Estado español en el
sector financiero, requerir que las grandes empresas que concurren a concursos públicos municipales deban
presentar informes de responsabilidad
fiscal, especificando en su caso en qué países tienen filiales y tributan
impuestos.
TERCERO: Para todos
los contratos menores de obras o suministro y para todos los procedimientos
negociados, con o sin publicidad, así como para todos los convenios realizados
por el Ayuntamiento de La Laguna así como empresas y sociedades municipales, se
exigirá:
·
Que las personas y empresas
concurrentes estén al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes o que, en su defecto, las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se
hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
·
Declaración jurada asegurando que
los consejeros/as, gerentes o cargos directivos de las empresas, o personas
contratantes, no tienen vinculación con empresas, sociedades financieras o
bancos que estén situados en países catalogados como paraísos fiscales o cuyas
leyes tributarias no sean asimilables a las del Estado español. Para ello se
tomaría como referencia la “lista de
países no cooperadores” publicada por la sociedad civil Tax Justice Network, o
en su caso la lista oficial de paraísos fiscales y países que no cooperan en
materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal elaborada por las
instituciones europeas o el propio Estado español y como definición del
concepto de “paraíso fiscal” la que propone la ONG Intermón-Oxfam en el informe
Nº 36, de marzo de 2015, que dice:
Los paraísos fiscales son territorios que han adoptado
intencionadamente un marco legal que
se caracteriza por:
·
Una baja o nula tributación.
·
Ventajas fiscales para los no residentes, sin necesidad de
justificar una
actividad económica sustancial y real.
·
Falta de cooperación con otras administraciones tributarias.
·
Opacidad: marcos legales que permiten la no identificación de las
entidades registradas ni de sus titulares o
propietarios de los activos
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